La Junta de Andalucía trabaja en la unificación de las sedes administrativas de la Delegación del Gobierno y la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en un único edificio. Una actuación enmarcada en la reorganización de sedes administrativas del Gobierno autonómico con el fin de reducir gastos y rentabilizar los inmuebles que el ejecutivo andaluz tiene en la provincia de Jaén.
El delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Javier Calvente, ha explicado que esta reorganización y el Plan de Sedes tienen un doble objetivo: “conseguir una administración más eficaz y un ahorro de costes para las arcas públicas”. En este caso, el traslado conllevará ahorro en lo referido a gastos de luz, servicio de vigilancia y mantenimiento de ascensor.
Esta actuación concreta contempla el traslado del Servicio de Justicia y las dependencias del Delegado Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública a la primera planta de la Delegación del Gobierno, sita en Paseo de la Estación, 21, a los espacios antes ocupados por los antiguos laboratorios del edificio (en desuso desde el año 2020).
La obra, ya licitada, tiene un presupuesto base de 254.714,28 euros y servirá para finalizar la adecuación de esta planta, donde ya se ubica el Servicio de Administración Pública, unificando así todos los servicios de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública.
El contrato de obras se ha formalizado el 19 de noviembre, por lo que el inicio de la ejecución está previsto para dentro de un mes. El plazo de obra establecido es de seis meses, de modo que los trabajos se desarrollarán a lo largo del primer semestre del próximo año, facilitando que el traslado pueda programarse una vez finalizada la adecuación de los espacios.
Inmuebles
En 2023, la Junta consiguió un ahorro de 2,9 millones de euros al año a las arcas públicas al recuperar 7 inmuebles vendidos en el año 2014 en Jaén. Una recompra que se elevó hasta 70 inmuebles en Andalucía que pertenecían al Gobierno andaluz, con un ahorro global de 100 millones de euros.
