Una tesis doctoral defendida en la Universidad de Jaén, base para la reforma de la Constitución de Colombia

Un tesis defendida esta semana en la Universidad de Jaén ha servido de base a la actual reforma de la Constitución de Colombia. Su autor ha sido Carlos Felipe Córdoba Larrarte, que actualmente ocupa el cargo de Contralor General de la República en ese país, y ha estado dirigida por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, Gerardo Ruiz-Rico.
La tesis, defendida en el marco del programa de Doctorado de Derecho, ha venido a comprobar las hipótesis planteadas por el autor en el plan de investigación de su trabajo doctoral, en el cual se planteó la necesidad de implantar una serie de reformas en el modelo de control fiscal sobre el uso de los presupuestos públicos que se destinan a fines sociales y de desarrollo económico, desde la óptica del principio y derecho constitucional de la Buena Administración en un Estado social y democrático de Derecho. “Es un caso realmente extraordinario de transferencia de resultados de una investigación científica en el campo del Derecho, que ha culminado en una reforma constitucional”, apunta Gerardo Ruiz-Rico.
La Universidad de Jaén cuenta con una larga trayectoria de colaboración con la Contraloría de Colombia, cuyo inicio se remonta al año 2012, cuando en el marco de un primer convenio de colaboración entre ambas instituciones se organizaron e impartieron varios proyectos académicos, en forma de másters y títulos de Especialización, en materia de control de fiscal destinados a funcionarios de la Contraloría, así como varias Pasantías o estancias académicas en España y la UJA de estos funcionarios.
Sobre la reforma constitucional de Colombia
La reforma constitucional colombiana fue aprobada en el año 2019 y fue avalada después por la Corte Constitucional de Colombia. Afecta a varios preceptos de la Constitución y está orientada a mejorar los sistemas de control fiscal de los recursos públicos por parte de las administraciones y contratistas, para mejorar la fiscalización y control de la corrupción, asi como para introducir instrumentos tecnológicos avanzados (Inteligencia Artificial) en dicho control de obras y uso de bienes públicos.

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