Proveer del servicio de abastecimiento de agua a las viviendas del Puente de la Sierra, en situación irregular desde hace décadas, es posible desde hace un año con la nueva norma de la Junta de Andalucía, siempre y cuando el Ayuntamiento competente, el de Jaén en este caso, tome la iniciativa. Así se lo ha trasladado a los vecinos de esta zona el delegado de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jesús Estrella, en un encuentro mantenido ayer en la Delegación Territorial en el que estuvieron presentes la Federación de Vecinos Objetivos Comunes (OCO) y la Asociación de Vecinos Puente de la Sierra.

El delegado recordó a los colectivos que la aprobación del Decreto-ley 3 / 2019 del 24 de septiembre de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma Andaluza ha supuesto un hito histórico en cuanto a normativa urbanística para los miles de jienenses cuyas viviendas se encontraban en un limbo jurídico. “Es una herramienta viable y útil que viene a solucionar problemas históricos, pero solo puede hacerse efectiva con la iniciativa de los ayuntamientos competentes y la colaboración de los vecinos”, destaca Jesús Estrella.

El Decreto-ley permite el reconocimiento de las viviendas en una situación como las del Puente de la Sierra y articula el instrumento para hacer realidad la provisión de servicios públicos como el abastecimiento de agua, saneamiento o electricidad. En el caso de los Puentes, al tratarse de zonas cercanas al dominio público hidráulico, es preceptivo también que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir acredite que las viviendas están fuera del área de flujo preferente del mapa de riesgo de inundación, entendiéndose por este área aquella que supondría un peligro para las personas o para los bienes. Desde la aprobación de la norma por parte de la Junta, y con esta certeza que debe proporcionar el organismo de cuenca, dependiente del Gobierno central, el Ayuntamiento de Jaén puede impulsar la tramitación y aprobación de un Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial. Este plan tiene por objeto identificar y delimitar concretas agrupaciones de viviendas irregulares en suelo urbanizable y no urbanizable, así como adoptar las medidas pertinentes para el establecimiento de las infraestructuras comunes para la prestación de servicios públicos. Estos documentos deben incluir un estudio de viabilidad económica para la prestación de estos servicios, que establecerá los costes y su distribución entre vecinos y el Ayuntamiento, aunque nada impide su completa financiación por parte del Consistorio.

Asimismo, la norma prevé la incorporación de las edificaciones irregulares al planeamiento urbanístico general, reforzando la potestad municipal de ordenar los ámbitos con agrupaciones de viviendas, a través de la revisión, nueva redacción o modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).