Jaén en Común duda de que el contrato en vigor y la relación que mantiene la empresa con el Ayuntamiento estén bajo los preceptos legales y, afirma que de ninguna manera lo están bajo criterios de transparencia y buen gobierno. En cuanto al servicio, afirman que es claramente deficitario: Llevamos 7 días recogiendo reclamaciones y quejas de los usuarios y resulta preocupante el nivel de insatisfacción de los vecinos con el servicio de autobús”, señala Montejo.

En estas condiciones – continúa Montejo – se trata de un servicio con un excesivo coste para el Ayuntamiento -considerando el millón de euros anual que recibe la empresa- y para el ciudadano, del que ingresa por encima de los 4 millones de euros anuales entre billetes y tarjetas. A todo esto se suma la falta absoluta de vocación de servicio público por parte de una empresa que, mientras incumple, en ocasiones de forma grave, tanto el contrato que mantiene con el Ayuntamiento como el Reglamento Local de Transporte, mantiene unos tornos no legalizados para controlar y presionar a la plantilla, solo piensa en aumentar la recaudación solicitando subidas de tarifa por encima de lo que legalmente le corresponde y exige el cumplimiento de todos sus derechos hasta la última coma.

Para Jaén en Común el colmo es que Castillo se permita el lujo de cuestionar a una plantilla que ha sido históricamente y sigue siendo la que peores condiciones laborales ha tenido de todos los servicios de transporte urbano de Andalucía. Unos trabajadores cuyo convenio marca un salario un 55% inferior a la media de las 8 capitales de provincia, unos 450 euros menos que la media que perciben sus compañeros en las otras capitales, que cobran un 93% menos que los trabajadores de Huelva, los que tienen mejores condiciones salariales, y un 34% menos, más de 130 euros en salario base, que Almería, la segunda con peores condiciones. Hablar de una plantilla “que roba” supone un abuso frente a quien podría considerar que “es robado” bajo esas condiciones laborales.- termina JeC.