FSIE Andalucía considera, que con esta nueva norma se ha perdido la oportunidad de que el Gobierno de Andalucía «apueste definitivamente por la libertad de las familias para elegir centro educativo, ya que los cambios son de muy poco calado, afectan a escasas zonas de escolarización andaluzas y además se da un paso atrás en la definición de demanda social, al supeditar ésta, inéditamente en un gobierno que llevaba en su programa electoral y en su acuerdo de gobierno avanzar en la libre elección, a la planificación de la Administración educativa. ¿Qué tipo de libertad es la que puede practicar un ciudadano si queda limitada a lo que un gobierno quiera darle a elegir?», consideran.
La medida de permitir la adscripción de los centros concertados a un Bachillerato sostenido con fondos públicos es para el sindicato «un bomba de relojería para los docentes que desarrollan su labor educativa en aulas de Bachillerato privado, si no se lleva a cabo la prometida concertación de este nivel a la par que se posibilita la adscripción como garantía para los centros que no cuentan con Bachillerato».
Aparte de las zonas educativas, FSIE considera que existe otro motivo que dificulta realmente el acceso de los alumnos en igualdad de condiciones a un centro concertado, «que se acabe ya con la discriminación que existe en las ayudas para transporte público, comedor y aula matinal, que actualmente sólo pueden solicitarse si el hijo está escolarizado en un centro público», raclaman.
Por ello, FSIE Andalucía, sindicato que representa a más de un 48% de trabajadores de los centros concertados, lamenta que «en un año de gobierno no se haya visto ningún avance en sus condiciones laborales y salariales, incumpliendo las promesas electorales de los dos partidos que ostentan el poder y que, cuando estaban en la oposición se erigieron en sus defensores; así mismo, considera que la polémica surgida es pura demagogia, ya que el Decreto supone un casi nulo avance en el camino de la libertad constitucional de las familias andaluzas y además PP y Ciudadanos están perpetuando la histórica discriminación de los centros concertados y sus docentes y no docentes en materia salarial, laboral y formativa», concluyen.
